El uso de la inteligencia artificial en la práctica jurídica

Recientemente, la corte constitucional ha sentado un precedente histórico, en lo que al uso de la inteligencia artificial en la práctica jurídica se refiere. Mediante la sentencia T- 323 de 2024 se han establecido los parámetros básicos para el uso de inteligencias artificiales generativas en los despachos judiciales. Esto decisión ha puesto de presente los vertiginosos cambios que están ocurriendo en la práctica jurídica a nivel global, por lo que se hace imperativo que los distintos operadores jurídicos se tracen estrategias para adaptarse a este nuevo paradigma.

En este sentido, es vital que aquellos que nos dedicamos a la práctica jurídica identifiquemos las áreas de oportunidad en torno al uso de la IA. De esta manera, partiendo de unos derroteros claros y habiendo identificado las tareas específicas que pueden potenciarse por IA, se debe avanzar en otras tareas tales como: seleccionar los medios tecnológicos más adecuado para dicho propósito, avanzar en la formación de profesionales que sepan como articularse con la inteligencia artificial, calcular los costos y beneficios de implementar las tecnología, definir una buena estrategia en materia de mitigación de riesgos y trazar una métricas claras que permitan identificar los objetivos una vez estos han sido alcanzados.

Es importante dejar claro que la potenciación de ciertas actividades con IA no puede resultar de ninguna forma en la sustitución del elemento humano, en la citada providencia, la corte es enfática al dejar claro, que la IA, no puede sustituir la garantía de un juez natural. Además, debe enmarcarse la utilización de la herramienta en una serie de principios básicos, tales como: (i) transparencia y explicación, (ii) control humano de las decisiones propias de un sistema de IA, (iii) seguridad, (iv) responsabilidad, (v) no discriminación, (vi) inclusión, (vii) prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y (viii) beneficio social.

Una de las principales fortalezas que puede suponer el uso de inteligencia artificial, es la capacidad de identificar patrones y aprender de ellos, así mediante un correcto uso de la IA, el operador jurídico podrá analizar un mayor volumen de datos por unidad de tiempo, lo que permitirá realizar inferencias más precisas respecto a los diversos casos que lleguen a su conocimiento, abriéndose así la posibilidad  de llegar a conclusiones a la que no habría llegado de no contar con la asistencia de un sistema de inteligencia artificial.

Sin embargo, no se pueden olvidar los diversos riesgos en los que se incurre a la hora de utilizar la inteligencia artificial, tales como la protección de los datos personales empleados en el proceso, en este sentido es necesario verificar que las tecnologías empleadas respeten los estándares globalmente aceptados en materia de protección de datos personales tales como la ley 1582 de 2012 en el caso colombiano o el estándar normativo de la RGPD, también se debe verificar el respeto a los derechos de propiedad intelectual y el acoplamiento a unos estándares mínimos en materia de ciberseguridad.

En resumen, la adopción de herramientas de inteligencia artificial en el contexto de la práctica jurídica presenta una serie de retos y desafíos, pero también supone una gran oportunidad a la hora de mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios proporcionados.  Su potencia excede la simple redacción de providencias o comunicados, e implica una mayor capacidad de análisis de información, lo que supone que un uso adecuado de la misma podría redundar en una menor falibilidad judicial y una aproximación a teorías del caso más precisas que logren concretar de una mejor manera los intereses de los distintos involucrados y en ultima instancia una mayor realización de la justicia en el plano social.