¿Disolver la sociedad conyugal puede afectar el derecho a la pensión de sobrevivientes?

Por: Catalina Sánchez Cárdenas

Los cónyuges pueden disolver y liquidar su sociedad conyugal sin que ello implique divorciarse ni dejar de convivir. Esto les permite separar sus patrimonios y distribuir los bienes comunes, mientras mantienen vigente el matrimonio. Una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia pone de presente que esa determinación patrimonial también puede incidir en el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Esta pensión busca proteger económicamente a los beneficiarios del afiliado o pensionado fallecido. Tratándose del cónyuge o compañero permanente, uno de los requisitos es acreditar la convivencia, por regla general, durante los cinco años anteriores al fallecimiento.

No obstante, la jurisprudencia ha reconocido una excepción para los cónyuges separados de hecho, es decir, quienes, aunque continúan casados, han dejado de convivir. En estos casos, es posible acreditar cinco años de convivencia en cualquier momento del matrimonio, sin necesidad de que sean los inmediatamente anteriores al fallecimiento.

Durante varios años, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que, para acceder a esta excepción, bastaba demostrar esos cinco años de convivencia y la vigencia del matrimonio, independientemente de que la sociedad conyugal se hubiera disuelto. Esta interpretación partía de distinguir los deberes personales de solidaridad y ayuda mutua entre los cónyuges de los efectos económicos de la sociedad conyugal.

En la Sentencia SL807-2026, del 29 de julio de 2026, la Sala Laboral rectificó expresamente esta postura. La Corte estableció que el cónyuge separado de hecho que reclama la pensión con fundamento en una convivencia anterior también debe acreditar que la sociedad conyugal estaba vigente al momento del fallecimiento.

La sentencia resolvió el caso de una mujer que había convivido aproximadamente doce años con su cónyuge; aunque nunca se divorciaron, habían disuelto y liquidado su sociedad conyugal y dejaron de convivir durante los últimos meses de vida del pensionado. Tras el fallecimiento del cónyuge, la mujer reclamó la pensión de sobrevivientes, pero le fue negada.

La Corte fundamentó este cambio en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que exige la vigencia de la sociedad conyugal para esta excepción. También consideró que, cuando ha terminado la convivencia y se ha disuelto la sociedad conyugal, la sola existencia del matrimonio no justifica reconocer una pensión con fundamento en una convivencia anterior.

Esto no significa que disolver la sociedad conyugal implique automáticamente perder el derecho. Si los cónyuges continúan conviviendo, dicha disolución no impide, por sí sola, el reconocimiento de la prestación. La nueva exigencia se aplica a quienes, además de tener disuelta su sociedad conyugal, estaban separados de hecho al momento del fallecimiento.

La dificultad surge cuando la disolución responde únicamente a razones de organización patrimonial, sin que los cónyuges busquen separarse o divorciarse. Si posteriormente cesa la convivencia, aquella decisión podría impedir el reconocimiento de la pensión, aunque hubieran convivido más de cinco años y la separación se hubiera producido poco antes del fallecimiento.

A su vez, esta nueva exigencia podría incentivar a quienes llevan años separados de hecho a mantener vigente su sociedad conyugal, aunque la convivencia y el proyecto económico común hayan terminado, solo para conservar la posibilidad de reclamar la pensión de sobrevivientes.

La sociedad conyugal puede disolverse mientras subsiste la convivencia o mantenerse vigente cuando la vida en común terminó hace años. Con la nueva interpretación, su vigencia puede resultar decisiva para el reconocimiento de la pensión al cónyuge separado de hecho, aunque no siempre refleje la realidad de la relación matrimonial.

Publicado originalmente en el Consultorio de Asuntos Legales el 14 de noviembre de 2026.